Noviembre 29, 2019
Cambios en la identificación de beneficiarios finales

Decreto 256/019


El Poder Ejecutivo aprobó con fecha 2 de setiembre de 2019 el Decreto 256/019 modificativo del Decreto Reglamentario 166/017 del Capítulo II de la Ley 19.484.

A continuación, se enumeran las modificaciones introducidas por el citado Decreto:
- “Entidades residentes emisoras de acciones o participaciones patrimoniales nominativas o escriturales obligadas a informar sus titulares” (Art. 1): sustituye el último inciso del art. 6 del Decreto 166/017, ampliando la obligación de informar al Banco Central del Uruguay a los fiduciarios de los fideicomisos como titulares, entendiéndose como beneficiarios o cuotapartistas.
- “Entidades exceptuadas de identificar” (Art. 2): sustituye el art. 7 del Decreto 166/017, agregando a las entidades cuyos títulos de participaciones patrimonial sean propiedad, directa o indirecta de organismos públicos o de organismos internacionales de los que el Estado forma parte. Sin embargo, las mismas deberán informar al registro del Banco Central del Uruguay que se encuentran en tal situación como también conservar la documentación establecida en el art. 14 del Decreto 166/17.
Las excepciones a la obligación de identificar el beneficiario final sólo será aplicable respecto del porcentaje de capital integrado o su equivalente o de los derechos de voto u otro medio de control, que cumpla con las condiciones previstas en la misma.
- “Entidades exceptuadas de informar” (Art. 3 y 4): rectifica el literal a) del art. 8 del Decreto 166/017, incorporando a las asociaciones agrarias en las que la totalidad de las cuotas o partes sociales pertenezcan a personas físicas siempre que sean estas sus beneficiarios finales.
Asimismo, se agrega un nuevo literal al inciso primero, por el cual se establece la exclusión de informar a las instituciones de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro, siempre que se encuentren integradas por personas físicas y siendo estos sus titulares efectivos.
-“Contenido de la declaración jurada adicional” (Art. 5): modifica el art. 9 del Decreto 166/017 estableciendo que el contenido de las declaraciones juradas con respecto a personas físicas titulares de acciones o participaciones patrimoniales nominativas, que se encuentren dentro del marco previsto de sucesiones indivisas en la que no hubiere aún declaración judicial de presuntos herederos, podrá ser efectuada por cualquiera de ellos (presuntos herederos) cuya calidad se encuentre acreditada mediante certificado notarial a nombre de la sucesión referida.
- “Conservación de registros” (Art. 6): Modificó el art. 14 del Decreto 166/017, disponiendo que la conservación de los registros por parte de los sujetos obligados, comenzará a computarse a partir de la finalización de la relación de los titulares de las participaciones patrimoniales o del beneficiario final con la entidad, según sea el caso.
- “Contralor” (Art. 7): El art. 17 del Decreto 166/017 impone al sujeto obligado el deber de acreditar la recepción de la comunicación por el Banco Central del Uruguay a efectos de inscribir actos y negocios jurídicos en los registros así como también la obligatoriedad por parte del representante de la entidad de declarar de que no hubieron a la fecha ningún tipo de modificación con posterioridad a la citada comunicación.
Al respecto, el art. 7 del Decreto 256/019 exceptúa del referido cumplimiento en determinadas situaciones, las que se encuentran tipificadas.
-“Régimen sancionatorio” (Art. 8): determina que el régimen sancionatorio del art. 32 de la Ley 19.484 no será aplicable en aquellas situaciones en las existan razones fundadas que imposibiliten de manera notoria y evidente el fiel cumplimiento de la obligación de identificar prevista por la referida Ley, siempre y cuando se corroboren de forma simultánea las siguientes condiciones:
• Sociedad emisoras de acciones o partes sociales nominativas creadas con antelación a la promulgación de la Ley 16.060
• Identificación de los titulares que representan al menos el 85% del capital integrado
• Se haya convocado a sus accionistas mediante publicaciones por 3 días en el Diario Oficial y en otro Diario de la sede social, a efectos de que se aporte información requerida para dar cumplimiento a las obligaciones previstas por la citada Ley en un plazo de 10 años computados a partir del siguiente a la última publicación.

Las entendidas que se encuentren en la citada situación, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre del 2019, para acreditarla ante la AIN.
Quedando igualmente obligadas a comunicar cualquier modificación conforme al art. 30 de la Ley 19.484.

Artículo escrito por:
Esc. Fiorella Araújo Peralta.
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